España es uno de los países con más cargas sociales, por encima de otros como Alemania o Reino Unido. En consecuencia, no es posible su aumento, dado el impacto que tendrá en la competitividad de nuestras empresas.

Desde CEOE seguimos apoyando, como hicimos en su momento, los compromisos del Gobierno de reducir las cargas sociales, aspecto este en el que también ha insistido reiteradamente la Unión Europea, concretamente, en las recomendaciones específicas a España en 2012 y en las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2013, señalando “la importancia de reducir la presión fiscal sobre el trabajo como medio de contribuir a un aumento de la empleabilidad y competitividad”.

Llevamos dos años con un incremento del 5% de las bases máximas de cotización que suponen un impacto de 750 millones de euros. Ahora en el Real Decreto-ley 16/2013 de 20 de diciembre, se recoge también un aumento desproporcionado de las cargas que recaen sobre las retribuciones en especie, que eso son y no salario directo, conllevando un castigo con fines recaudatorios, con el que estamos en desacuerdo