El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, han firmado un convenio para la identificación y eliminación de los obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora.

Tiene como objetivo identificar los trámites y cargas burocráticas innecesarios, redundantes o excesivos, que pesan sobre el colectivo de los trabajadores autónomos, y determinar o sugerir cambios o medidas que faciliten su simplificación o reducción, así como emprender acciones divulgativas.

OBJETIVO DEL CONVENIO.

Pese a que muchas de las medidas y herramientas para solucionar muchas deficiencias ya están en marcha, existe un gran desconocimiento sobre las mismas. De ahí, la importancia de poner en marcha este convenio de colaboración con ATA, para la identificación y la eliminación de los obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora de los autónomos españoles.

El trabajo que surja de este convenio se estructurará en varios apartados:

 Eliminación y reducción de cargas administrativas

 Información sobre la simplificación administrativa

 Elaboración de propuestas de mejora

 Difusión de las diferentes medidas adoptadas y la sensibilización sobre la importancia de las mismas

Para iniciar estos trabajos se realizará una campaña de difusión y sensibilización, apoyada por un servicio de información personalizada a autónomos y emprendedores. La campaña incluirá acciones de divulgación de las novedades legislativas en este ámbito.

Estas acciones se complementarán con un buzón de sugerencias, la elaboración de informes de seguimiento y la presentación de propuestas para la mejora de los servicios a implantar. Se pretende con estas medidas iniciar un foro permanente de diálogo y colaboración con el colectivo de autónomos para la identificación de trabas burocráticas o las incidencias detectadas en los procedimientos existentes y la propuesta de solución a las mismas.

Los ahorros producidos por la reducción de cargas administrativas en los últimos años se estiman en 25.950 millones de euros para ciudadanos y empresas.